Derivado de la creciente participación en el debate político-electoral por diversos funcionarios del Estado de los distintos órdenes, la Misión de Observación Electoral -MOE envió una comunicación al Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación, la Procuradora General de la Nación y el Defensor del Pueblo, en la que formuló diversas consideraciones sobre las prohibiciones constitucionales en torno a la indebida participación de los funcionarios públicos en política, y los efectos que esta puede tener en el proceso electoral que actualmente se desarrolla en el país.

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