7 de diciembre de 2021. Ayer 6 de diciembre en horas de la noche, en el Congreso de la República se aprobó con 73 votos a favor y 51 en contra, el artículo 68 del proyecto de Proyecto de Ley No. 369 de 2021 Cámara – 341 de 2020 senado “por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, establece como nuevo delito “la injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos” con pena de hasta 10 años de cárcel, dejando pendiente su debate de conciliación en las dos Cámaras y posterior sanción presidencial.
Claramente este artículo está haciendo uso del derecho penal para silenciar las críticas a los funcionarios y exfuncionarios públicos. Esto debido a que el artículo aprobado establece un nuevo delito que busca generar una protección adicional a los funcionarios frente al escrutinio público del cual deben ser objeto por la labor que desarrollan.
La inclusión de este artículo, señala la MOE “restringe la veeduría que hacen la ciudadanía, medios de comunicación y diferentes organizaciones de la sociedad civil a los funcionarios y exfuncionarios públicos” , lo cual atenta contra los principios de una sociedad democrática que nuestra constitución garantiza desde su preámbulo y el reconocimiento de derechos como la libertad de expresión.
En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que por la importancia de la discusión sobre asuntos de interés público, el derecho a la información sobre estos asuntos debe ser protegida de forma reforzada. Por ello, por la naturaleza de las actividades a cargo de los funcionarios públicos, ellos deben estar sujetos a una mayor tolerancia ante la crítica y al control de su gestión pública, debiendo reducirse las restricciones al debate político o de cuestiones de interés público.
La protección que dicho artículo otorga a los funcionarios públicos se evidencia además a través de dos elementos particulares contenidos en el mismo. Por una parte, el artículo pretende sancionar penalmente dos veces una misma conducta, pues si se sanciona por injuria o calumnia a un ciudadano por denunciar hechos de corrupción, este podrá ser acusado y sancionado, una segunda ocasión, por este nuevo delito. Es decir, se le impondrán dos penas por un mismo hecho, en contravención de los principios y derechos fundamentales de los que toda persona goza en un proceso penal.
Por otra parte, en el artículo se establece un procedimiento extraordinario en el que se puede hasta cancelar la personería jurídica de una organización comunitaria (responsabilidad penal de personas jurídicas) previo a que se determine si es responsable o no del delito del que se le acusa. Medida que no ha sido incluida siquiera para casos de lavado de activos, corrupción, o enriquecimiento ilícito.
Alejandra Barrios, Directora de la MOE, señaló que: “Llama la atención que este artículo haya sido incluido en el marco de una ley Anticorrupción, que debería estar orientada al establecimiento de medidas que incrementen el control ciudadano sobre la gestión y ejecución de los recursos públicos y el actuar de los funcionarios. Por lo contrario, lo que se aprueba es una medida que se convierte en un desincentivo a la participación ciudadana y el control efectivo del poder político”.
Por todo lo anterior, la MOE rechaza enfáticamente la aprobación de medidas, como la aprobada por el Congreso, que limitan los derechos ciudadanos, y otorgan una protección desmedida a quienes ejercen o han ejercido funciones públicas. Así mismo, solicita que en el marco de la conciliación que está pendiente en el Congreso de la República, se elimine esta disposición, y de no ser así, que desde la Presidencia de la República se objete esta norma por ir en contravía de la transparencia y lucha contra la corrupción.
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Mónica Acosta López, coordinadora de comunicaciones. 312 320 37 79
@MoeColombia
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