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Seguimiento legislativo
Violencia política
Investigación de la MOE y la CCJ señala que la violencia contra líderes y lideresas sociales se recrudeció durante elecciones
  • Durante el periodo electoral de 2022 se presentó un incremento del 10% en las violaciones al derecho a la vida contra líderes y lideresas sociales respecto del 2018.
  • Es necesaria una atención prioritaria por parte de las distintas entidades del Estado a la protección de los líderes y lideresas sociales de cara a las elecciones locales de 2023.
  • La violencia contra líderes y lideresas sociales impacta negativamente en la participación electoral.

Bogotá, 30 de noviembre de 2022.  La Misión de Observación Electoral -MOE y la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ presentan el informe ‘Democracia en el punto de mira’ en el que se compara la violencia contra líderes y lideresas sociales en los procesos electorales a Congreso y Presidencia de la República, que se llevaron a cabo en los dos últimos periodos electorales de 2018 y 2022, con la intención de proponer recomendaciones para enfrentar este fenómeno de cara a las elecciones locales de 2023.

De acuerdo con Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, “este informe permitió identificar que durante el periodo electoral de 2022 se presentaron 113 violaciones al derecho a la vida, entre asesinatos y desapariciones forzadas, contra líderes y lideresas sociales, representando un incremento del 10% respecto del periodo electoral de 2018 en el que se presentaron 103 violaciones al derecho a la vida”. Asimismo, “en cuanto a violencia no letal, lo cual incluye amenazas, atentados, secuestros y violencia contra la mujer en política, esta se incrementó en un 229% al pasar de 106 hechos en el periodo electoral de 2018 a 349 hechos en el periodo electoral de 2022”. 

En cuanto a las causas del incremento de la violencia contra líderes y lideresas sociales, el informe resalta seis posibles explicaciones: 1. el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz y sus mecanismos de garantías de seguridad, 2. el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, 3. el incremento de la gobernanza criminal y control social, 4. la estigmatización contra líderes y lideresas sociales, 5. el interés de ciertos sectores de la población de impedir la participación política de líderes y lideresas sociales, y 6. el aumento de la economía del narcotráfico y la minería ilegal. 

“Como parte de este informe también presentamos una serie de recomendaciones dirigidas a fortalecer la coordinación interinstitucional por medio de la articulación entre los Consejos Territoriales de Paz y los Consejos de Seguridad del orden subnacional, mejorar la respuesta institucional frente al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, implementar de forma íntegra los Acuerdos de Paz y retomar lo expuesto en el capítulo de recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en relación con la violencia contra líderes y lideresas”, expresó Andrea Garzón Zuluaga, coordinadora del área de investigación de la CCJ. 

Para la MOE y la CCJ el análisis de este informe resulta ser muy relevante en la medida en que identifica los patrones y las prácticas sistemáticas de estas violencias y pone de manifiesto el riesgo inminente en que se encuentran los distintos liderazgos sociales. Esta investigación muestra, igualmente, que la violencia redunda en una menor participación electoral, y que los actores generadores de violencia cuentan con un interés de influir o impactar en los procesos electorales. Así, los municipios con mayor riesgo por violencia tuvieron 9.46 puntos porcentuales menos de participación electoral que aquellos con menor riesgo. 

Finalmente, la MOE y la CCJ extienden un llamado al Gobierno Nacional, a los gobiernos locales y al Congreso de la República, para que trabajen en instrumentos y adecuaciones normativas que garanticen y protejan el pleno ejercicio de los líderes y lideresas sociales de cara al proceso electoral de 2023.

Mayor información

Laura Espinosa, oficial encargada de comunicaciones MOE: 322 8989406

Paola Sánchez Cepeda, comunicadora de la Comisión Colombiana de Juristas: 321 8749523, [email protected]

2022.11.30-COMUNICADO-MOE-CCJ-INFORME

Consulta el informe

DEMOCRACIA-EN-EL-PUNTO-WEB-NOV-25-1

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