Este documento ofrece un análisis detallado sobre la violencia dirigida hacia líderes y lideresas políticos, sociales y comunales, fenómeno que impide a quienes asumen la defensa y representación de los derechos humanos, de sus comunidades y de distintos proceso políticos y sociales ejercer dicho rol con libertad. Esta situación no solo afecta a los líderes y lideresas, sino también a la comunidad en general, al restringir su derecho a la participación, organización y construcción social y cultural de sus territorios y entornos, coartando la posibilidad de participación y construcción de tejidos sociales en el territorio. Además, el informe examina las dinámicas y comportamientos de los Grupos Armados Ilegales – GAI, que, mediante diversas acciones violentas, ejercen control en zonas urbanas y rurales del país, alterando y transformando la vida en comunidad de las poblaciones afectadas por el conflicto armado.

El periodo de análisis va desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2024, tiempo que abarca la posesión e inicio de los gobiernos de autoridades locales electas el 29 de octubre de 2023, a cargos de gobernación, asamblea, alcaldía y concejo. En este sentido es preciso indicar que el primer semestre de 2024 ha atravesado varios procesos coyunturales en materia de paz. En particular, en este periodo iniciaron las conversaciones con la Segunda Marquetalia – SM, que dieron paso al acuerdo de cese unilateral al fuego declarado por esta estructura armada. Asimismo, se dio la suspensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central – EMC en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, debido al ataque contra la población indígena en Cauca, donde la mayora Carmelina Yuli Pavi, guardia y lideresa del Pueblo Nasa de Toribio, Cauca, perdió la vida. De igual modo, la fragmentación del EMC entre los combatientes al mando de Iván Mordisco (Bloque Occidental y los Frentes del Cauca) y los Bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el frente Raúl Reyes. Derivado de la misma, los primeros decidieron retirarse de la mesa de diálogos, mientras los segundos siguen haciendo parte del proceso de Paz Total. De otra parte, con motivo del desarrollo del sexto ciclo de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, en el que se dio prórroga al cese al fuego, se logró la liberación de personas secuestradas. No obstante, meses después el ELN reactivó el secuestro con fines extorsivos, señalando que fue a causa del no avance de uno de los puntos de la mesa, relacionado con la creación de un fondo multidonante. Por último, el inicio de los diálogos con el Frente Comuneros del Sur, el cual, anunció su ruptura con el Comando Central del ELN.

Estos hechos permiten comprender en mayor medida los contextos de violencia que atraviesan tanto los líderes y lideresas, como las comunidades y los territorios afectados por el conflicto armado. Entre el 1 de enero al 30 de junio de 2024, la Misión de Observación Electoral – MOE registró 265 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, estos fueron, 139 amenazas, 77 asesinatos, 32 atentados, 13 secuestros, 2 desapariciones, y 2 hechos de violencia contra la mujer en política (VCMP). Estos se registraron en 131 municipios de 28 departamentos, siendo Antioquia (32 agresiones), Valle del Cauca (31 agresiones), Santander (29 agresiones), Norte de Santander (27 agresiones) y Cauca (24 agresiones) los departamentos en los que se realizaron más hechos de violencia contra líderes.

Los liderazgos más afectados fueron los políticos, con 136 agresiones, de las cuales, el 50,1% (69 agresiones) fueron contra de personas electas para ocupar a cargos en los concejos municipales (38 agresiones), alcaldías (28 agresiones), gobernaciones (2 agresiones) y asamblea (1 agresión). En algunos casos, estos líderes incluso fueron víctima de más de una agresión. Los líderes políticos que asumen cargos como mandatarios territoriales, requieren protección no solo en procesos de campaña, pues como se puede evidenciar, aun cuando ya son electos siguen siendo víctimas de intimidaciones y agresiones que afectan el desarrollo de su rol como representantes e impide el adecuado y libre ejercicio de sus funciones.

En este mismo sentido, los líderes sociales fueron víctimas de 81 hechos, posicionándose como el segundo grupo de liderazgos más afectado para este periodo de análisis. Esta dinámica de afectación, mantiene le patrón identificado desde el año 2022, en el que la violencia se ha concentrado de manera particular sobre los liderazgos políticos. Sin embargo, es preciso señalar que sobre las personas que ejercen roles de liderazgo social sigue recayendo con mayor fuerza la violencia, pues el 51,8% de los hechos registrados son hechos letales, es decir asesinatos (31 hechos) y atentados (11 hechos). Para el primer semestre de 2024, los líderes y lideresas indígenas son quienes fueron víctimas de la mayor cantidad de hechos, con 19 agresiones.

En cuanto a los liderazgos comunales, quienes a través de las Juntas de Acción Comunal – JAC buscan apoyar el desarrollo de sus comunidades, en el primer semestre de 2024, este tipo de liderazgo fue víctima de 48 agresiones. Estas incluyeron, especialmente para liderazgos ubicados en zonas urbanas, amenazas que les exigían abandonar sus cargos y el territorio, de lo contrario, sus vidas estarían en peligro. En cambio, para quienes ejercen este tipo de liderazgos en la ruralidad, el asesinato sigue representando la mayor cantidad de hechos. Este ejercicio pone en riesgo principalmente a los presidentes de estas organizaciones, quienes han sido los más afectados durante el primer semestre del año.

Las 265 agresiones contra líderes y lideresas, posicionan a este periodo de análisis como el tercer periodo con más hechos contra liderazgos desde 2016, con una ligera mejora respecto de los dos años anteriores. Así, la situación de violencia de este primer semestre solo es superada por los años 2022 (con 331 agresiones) y 2023 (con 286 agresiones), que estuvieron marcados por fechas del calendario electoral, tanto de elecciones locales como nacionales. No obstante, si se analizan únicamente los hechos letales (asesinatos y atentados), en los primeros 6 meses de 2024 se ha registrado el mayor número de este tipo de hechos desde 2016, con 77 asesinatos y 32 atentados. Por su parte, es el año de posesión de mandatarios del nivel territorial con más hechos registrados desde el año de la firma del acuerdo de paz con la Guerrilla de las FARC-EP.

Por otro lado, en cuanto a la violencia de GAI, en el primer semestre de 2024 se llevaron a cabo 1.210 hechos de violencia por parte de GAI, de los cuales, 951 fueron acciones armadas y 259 amedrentamientos, lo que vuelve al periodo analizado el más violento desde 2018. Las 1.210 acciones de GAI se realizaron en 277 municipios de 28 departamentos. En contra posición a lo que ocurre con los fenómenos de violencia contra liderazgos, que presenta una leve disminución, la violencia por parte de grupos armados ilegales presenta fuertes aumentos, en el marco de las negociaciones promovidas por la política de Paz Total.

El primer semestre de 2024, no solo ha sido el más violento desde 2018 sino que además, ha sido el semestre con mayor número de afectaciones en zona rural, ya que del total de hechos registrados en 2024, el 76,4% (925) se llevaron a cabo en zonas rurales. Esta cantidad equivale al 46,3% del total de acciones que ha registrado la MOE ocurridas en zonas rurales desde 2018 (1.997 acciones).

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