Colombia ha avanzado en las dos últimas décadas en el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (en adelante personas LGBTIQ+). Este progreso se ha logrado principalmente como resultado de la movilización ciudadana, las acciones lideradas desde la sociedad civil y el incansable trabajo de personas activistas quienes han encontrado en las instancias judiciales, como la Corte Constitucional, respuestas a sus demandas de derechos por encima de otros escenarios de discusión democrática como el Congreso de la República. Un ejemplo de ello es el hundimiento en junio de 2024, por falta de tiempo y ante la dilación del debate por parte de algunos sectores políticos, del proyecto de ley No. 272 de 2022 Cámara – 270 de 2024 Senado que buscaba prohibir en el territorio nacional los esfuerzos de corrección o represión de orientación sexual, de identidad o expresión de género (ECOSIEG), prácticas que han sido entendidas como formas de discriminación en contra de las personas LGBTIQ+.

A pesar de ello, cuando se habla de los espacios de participación y representación política, los avances parecen ser mucho más contundentes y uniformes. En los últimos años, se han presentado avances como la expedición por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la Resolución 3480 de 2020 (Protocolo de voto trans), la creación dentro del Congreso de la Comisión Accidental de Seguimiento a la Política Pública LGBTIQ+ y Diversidades, la promoción de la participación de las personas LGBTIQ+ al interior de las organizaciones políticas, mejor conocida como la Comisión por la y un aumento sostenido, tanto en las candidaturas, como de las personas electas en cada comicio nacional celebrado hasta la fecha.

En todo caso, aún son muchos los desafíos que se presentan para que las personas LGBTIQ+ puedan superar la exclusión, violencia y discriminación histórica de la que han sido víctimas. Como lo ha señalado Caribe Afirmativo, siguen siendo preocupantes los elevados índices de violencia contra las personas LGBTIQ+, que se reflejan, por ejemplo, en el aumento en 2023 del 7,59% de los homicidios o feminicidios, en comparación con 20224.

Esto es importante, porque el contexto de violencia tiene un impacto adverso en la participación política y electoral de las personas LGBTIQ+, ya que limita la oportunidad de que sus voces e intereses sean escuchados, representados e influyan en el ejercicio del poder público y la toma de decisiones. Además, existen otras barreras como restricciones a la identidad de género de candidaturas trans, el uso proselitista de discursos ofensivos y narrativas basadas en el miedo y la desinformación, así como dificultades en la financiación de las campañas políticas, entre otras. Con el fin de tener un panorama más claro de esta situación, el presente informe, elaborado por Caribe Afirmativo y la Misión de Observación Electoral (MOE), analiza los avances y desafíos de la participación político electoral de las personas LGBTIQ+ a propósito de las Elecciones Locales de 2023.

Es necesario señalar que el principal obstáculo para la elaboración de este informe fue la falta de información y estadísticas oficiales sobre la participación política de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Por lo anterior, se tomaron, como referencia, los datos recopilados a través de la estrategia Voto por la Igualdad, que es coordinada por Caribe Afirmativo y Victory Institute.

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