El funcionamiento adecuado de una democracia constitucional implica la creación de normas, entidades del Estado y organizaciones sociales que ayuden a garantizar la transparencia de los procesos electorales. Por eso, el derecho electoral, definido como “las reglas, normas y principios que gobiernan la elección de órganos representativos” (Franco Cuervo, 2007, p. 975), busca asegurar que quienes llevan las riendas en un país sean, en realidad, aquellos que la ciudadanía elige. Por lo tanto, la elección de los representantes, tales como alcaldes, gobernadores, presidente, entre otros, se debe dar en forma transparente y con el pleno de las garantías establecidas en la normatividad.

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