En Colombia hasta ahora se está comprendiendo la dimensión del fenómeno de la criminalidad en las elecciones, entendiendo que el fraude en dichos procesos no se limita simplemente a la compra de votos o la intervención de grupos armados ilegales, sino también al aprovechamiento de aquellas fragilidades que tienen de manera transversal todos y cada uno de los procedimientos que conforman una elección para ser objeto de fraude.

Esta situación es habilitada por la complejidad del proceso electoral, que trae consigo no solamente dificultades en lo que a participación en política se refiere, sino que así mismo en la investigación penal de los delitos que atentan contra la participación democrática, también conocidos como delitos electorales. Reglamentación con múltiples vacíos, procedimientos complejos y confusos junto a una precaria cultura de transparencia política, se convierte en un escenario idóneo para competir fraudulentamente en los procesos democráticos y aún más grave, con una probabilidad muy alta de que haya impunidad frente a estas conductas.

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