Desde las elecciones presidenciales de 2014, se han estado celebrando contratos con la Unión Temporal Soluciones Informáticas Electorales (UTSIE) para “prestar el servicio de una solución informática para los procesos de preconteo, escrutinio y digitalización de actas”. La empresa elegida para proveer el servicio es una unión de varias empresas: Carvajal S.A., el Grupo ASD, Data Processing Systems S.A., Manejo Técnico de Información S.A. y Thomas Greg & Sons2. Entre los requerimientos se ordenó la utilización de un software de escrutinio y consolidación de los resultados electorales. A pesar de que, por su importancia en para el proceso democrático de un país, internacionalmente hay un consenso sobre la necesidad de garantizar una serie de controles sobre este tipo de software, la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) no cuenta con un examen exhaustivo del aplicativo y en los momentos previos a las elecciones se limita a entregar una copia del código fuente que dicen va a ser usado en los comicios a la Procuraduría General de la Nación para su custodia. Igualmente, no se ha actualizado el marco legal del procesamiento de resultados electorales con una explicación clara y detallada del nuevo procedimiento.

Existen registros de que la RNEC contrató una auditoría al proceso electoral para las elecciones de congreso, parlamento andino y presidente y vicepresidente primera vuelta, a realizarse en el año 2014. Sin embargo, los resultados de esa auditoria no fueron públicos ni tienen el carácter de una auditoría externa e independiente. De hecho cuando el partido Centro Democrático intentó realizar una auditoría al software de Escrutinio una de las conclusiones que presentaba fue “se desconoce que haya una certificación y soportes de una empresa especializada e independiente, sobre las pruebas y el correcto funcionamiento del mencionado Sistema, más allá de las pruebas y verificaciones realizadas por la Registraduría Nacional en el ejercicio de las interventorías y supervisiones de los contratistas”. 

El presente documento tiene como finalidad principal proponer una herramienta que permita la efectiva concreción de esa obligación legal y la construcción de confianza entre las partes interesadas por medio de una transparencia efectiva. Es decir, ofrecer un protocolo para auditorias de sistemas electrónicos que pueda implementarse al proceso electoral colombiano en 2018, en el marco del artículo 45 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 que permita a los partidos políticos y a la Misión de Observación Electoral (MOE) hacer uso de esa facultad legal.

Con este propósito el presente documento revisa cuales son las recomendaciones derivadas de estándares internacionales en auditorias y transparencia de sistemas electrónicos en elecciones, analiza otras experiencias que pueden servir de referencia, presenta una propuesta de pruebas para la realización de auditorías de diferente profundidad para el software de escrutinio, plantea posibles escenarios para la realización de auditorías y finalmente introduce una propuesta de auditoría de revisión intermedia que podría implementarse para el ejercicio electoral de 2018 en Colombia.

PUBLICACIONES RELACIONADAS:

None Found