Tercer informe preelectoral de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el 2023
May 3, 2023

La violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país constituye una amenaza a la democracia en la medida que limita la participación y representación de la población, es un medio para imponer o silenciar posturas, procesos y demandas, y afecta procesos democráticos dirigidos por líderes. Es bajo esta consideración que desde la Misión de Observación Electoral – MOE, se lleva a cabo un monitoreo permanente de la violencia política, a fin de identificar tendencias y patrones en el comportamiento de la violencia y emitir recomendaciones para hacer frente a la misma.

En este informe con corte a 29 de marzo de 2023, se analiza la violencia política ocurrida durante los primeros cinco meses del calendario electoral para las elecciones locales de 2023, que arrancó el pasado 29 de octubre con los procesos de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos. Lo anterior, a través de la presentación de las cifras de los hechos de violencia de una manera generalizada y a través de enfoques diferenciales en términos territoriales, étnicos y de género.

Así fue posible evidenciar que, desde que la MOE inició el seguimiento de la violencia para los comicios locales de este año, el periodo preelectoral del 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país. Situación que parece va a agravarse a medida que se acerca el día de las votaciones, con la inscripción de candidatos y la campaña política. En específico, se registró un aumento de 76.3% en la violencia respecto del 2019, siendo Cauca, Nariño, La Guajira y Santander los territorios más afectados.

Los líderes políticos, principales participantes de las elecciones que tendrán lugar en octubre del presente año, concentran la violencia registrada en el país al ser objeto de 53.7% de los hechos identificados. Número que también representa el registro más elevado desde que la Misión de Observación Electoral realiza su seguimiento.

Seguidamente, se presenta un apartado del accionar y la presencia de los grupos armados ilegales – GAI. Concretamente, han tenido lugar un total de 187 amedrentamientos y 359 acciones armadas por parte de GAI que representan un aumento de 134.6% y 156.2%, frente al 2019. Nuevamente, el 2023 se posiciona como el periodo electoral con el mayor número de acciones desde que la MOE inició el seguimiento en 2018. Hecho que pudiera tener implicaciones en la violencia política y el rol de los GAI en las elecciones.

En tercer lugar, se lleva a cabo un análisis de los contextos con mayor conflictividad que se han identificado en el periodo de análisis, en particular, del Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Sur de Córdoba, Mesetas, San Vicente del Caguán, Catatumbo y Barrancabermeja. Territorios que en el periodo electoral de 2023 han registrado un incremento significativo en la violencia, lo que ha resultado en un agravamiento de la situación de orden público y en una afectación a las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales.

Finalmente, en el último capítulo se señalan y reiteran una serie de recomendaciones de cara a las elecciones locales de 2023 y ante el recrudecimiento de la violencia que se dio en 2022. Estas recomendaciones van dirigidas para la toma de acciones dirigidas a garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de las personas que por medios democráticos buscan influir en las decisiones que afectan sus comunidades. Entre ellas se hace énfasis en continuar con la realización de Comisiones de Seguimiento nacionales, departamentales y municipales, que el mensaje de parte de las autoridades debe ser encaminado hacía la acción y prevención, instar al CNE a que expida una resolución que complemente el protocolo de prevención y atención a la violencia política contra mujeres, y a avanzar en el principio de enfoque diferencial. Además, de la necesidad de establecer un canal de comunicación y un diálogo constante entre las autoridades, los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos de manera que existan rutas y enlaces directos establecidas al momento de presentarse hechos de violencia contra precandidatos o precandidatas.

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