* Centro bajo los auspicios de UNESCO.

La primera pregunta es más a modo personal y queremos saber, ¿cuál es el motivo que la llevó a usted a especializarse en esta temática?

La historia es larga debido a que mi interés por los temas relacionados con la democracia se remonta a mis años en la universidad. Desde 1989 formé parte del movimiento estudiantil por la séptima papeleta que promovió la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la actual Constitución política de Colombia. En aquel momento, Colombia estaba en un escenario de características muy particulares, bajo el asedio y el ataque del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo.

La oportunidad de cambiar la Constitución no era solamente para tener un nuevo texto, sino que era la posibilidad de abrir un diálogo, redefinir nuestro contrato como sociedad para establecer qué tipo de país queríamos ser, cuáles eran los derechos que deseábamos garantizar y cómo podíamos entrar al siglo XXI. En ese momento no lo comprendimos del todo, pero iniciamos el siglo XXI en 1991, con un nuevo catálogo de derechos y una mirada sobre lo que es la multiculturalidad, la plurietnicidad y el reconocimiento de que teníamos muchos colores en este país. También se reconoció la diversidad ideológica, y que los diferentes no debían ser enemigos, sino contradictores políticos. Aunque los principios de la Constitución aún no se desarrollan completamente, sí nos dieron una ruta y nos definieron como nación. La Constitución de 1991 es el mayor consenso que hemos logrado en Colombia, porque permitió, por primera vez, el reconocimiento para todos los sectores políticos de sus derechos y garantías para participar.

Desde entonces, me involucré en temas relacionados con la democracia y la participación, siempre con la convicción de que en este país cabemos todos. Hice parte de esa generación que creció en medio de una fuerte violencia política donde los diferentes liderazgos eran asesinados por pensar diferente. Todo esto hizo que me mantuviera cercana e involucrar en los temas relacionados con la ampliación de la democracia y la profundización de la participación ciudadana.

En 2006, por primera vez en la historia reciente del país se iba a utilizar la figura de la reelección presidencial. Esto hizo que diferentes plataformas de organizaciones de la sociedad civil solicitaran la presencia de múltiples organizaciones internacionales de observación electoral. Ante la falta de respuesta a las invitaciones enviadas a otras organizaciones, se tomó́ la decisión de crear en Colombia una Misión de Observación Electoral -MOE- nacional.

Hoy, la MOE es una plataforma de organizaciones que tiene presencia en los 32 departamentos y cubre más del 70% de los 1103 municipios, con especial atención a los de mayor riesgo electoral. Los diversos contextos de violencia presentes en el país nos han llevado a desarrollar diversas metodologías para realizar observación electoral en contextos de conflicto. Actualmente, la MOE es reconocida internacionalmente por esta capacidad técnica que permite a la observación operar en entornos complejos, caracterizados por la coexistencia de diferentes grupos ilegales. Hemos realizado observación electoral en escenarios con presencia de grupos paramilitares, guerrillas y narcotráfico.

Colombia es un país de paso hacia Centroamérica, es la puerta de entrada y de salida de múltiples dinámicas ilegales, lo que nos ha obligado a generar, como MOE, una serie de herramientas para hacer más segura y efectiva la observación electoral. Promovemos la realización de diálogos multisectoriales para poder enfrentar las complejas condiciones del país. Nuestro objetivo es promover y asegurar las mejores garantías electorales posibles dentro de estas circunstancias, haciendo un esfuerzo considerable para promover la realización de elecciones libres, transparentes y justas en las condiciones que tiene este país.

¿Puede describir cuál es el rol que juega la transparencia electoral en la consolidación de la democracia y en el respeto hacia los derechos humanos?

Lo primero que es importante a tener en cuenta es que, cuando hablamos de procesos electorales, no se trata de procesos realizados de cualquier manera. Hay una serie de elementos, principios y atributos que deben cumplirse, y estos corresponden a estándares internacionales.

Estos estándares pueden garantizarse en mayor o menor medida, ya que cada democracia responde a su propio contexto, pero hay principios básicos que deben respetarse, como la libertad de asociación, la libertad de prensa, el respeto al estado de derecho, la autonomía de los organismos electorales y la separación de poderes, que es fundamental. No solo es importante la separación de poderes, sino también el equilibrio entre ellos, porque si hay supremacía de alguno, esto puede afectar el balance institucional y la efectividad de los controles cruzados.

Sobre todo, es esencial que los ciudadanos confíen en que los resultados electorales reflejan su voluntad, que representan a la mayoría, incluso cuando uno pierde. Para ello es muy importante la transparencia en las diferentes decisiones que acompañan la organización de un proceso electoral.

Si lo vemos desde la lógica de los derechos humanos, todo esto se traduce en el respeto a los derechos políticos de toda la ciudadanía. Esto significa que no solo la oposición debe tener garantías, sino que todos los ciudadanos deben contar con las mismas garantías para acceder a la información, que es uno de los principios básicos de la transparencia electoral. Es fundamental conocer cómo funciona el proceso electoral y participar en él sin ser perseguidos, intimidados o señalados. Además, se debe tener la posibilidad de expresar opiniones políticas sobre lo que está ocurriendo y, sobre todo, contar con la garantía del Estado para la protección de los diferentes actores durante la disputa por el poder político. Sin estos tres elementos—el acceso a la información y la transparencia, el respeto a los derechos humanos en el amplio catálogo de derechos políticos, y las garantías para participar de manera informada y libre—no tendríamos procesos electorales íntegros.

¿Cuál es su punto de vista acerca de la morfología deseable del organismo electoral en orden de consolidar la transparencia en los comicios en la región?

Señalaré algunos marcos generales. Esto no significa que alguno sea mejor que otro. El mejor sistema de gobernanza de un proceso electoral es aquel que brinde confianza a todas las partes. A veces se piensa que puede haber modelos más efectivos que otros, pero se corre el riesgo que, al imponer un modelo en un país, desestabilice el equilibrio que ya se había logrado.

Si hablamos de los estándares necesarios, especialmente en países latinoamericanos, al menos deberíamos tener tres pilares fundamentales. Es una “mesa” de tres patas. La primera pata de la mesa corresponde a la independencia del órgano electoral. En la década de los 80, cuando comenzó la ola democratizadora en Centroamérica y Sudamérica, los órganos electorales respondían a los acuerdos políticos que permitieron el retorno a la democracia. Eso significa que los organismos electorales eran el resultado de los pactos políticos con representación de diversas organizaciones políticas. Así, diferentes grupos políticos moderaban el proceso electoral. Este es un modelo antiguo que fue siendo superado a medida que se iba ganando confianza en los procesos democráticos y las exigencias de garantías iban también evolucionando. Hoy en día, la democracia no es solo un pacto entre organizaciones políticas; es un pacto con la sociedad.

La segunda pata de la mesa es la capacidad técnica del órgano electoral. La organización electoral requiere de una permanente actualización en las soluciones tecnológicas que permiten facilitar, agilizar y hacer más confiable el proceso de votación y la transmisión de resultados. Esto incluye el reconocimiento de la importancia de equipos de trabajo multidisciplinarios. Los organismos electorales fortalecen sus capacidades operativas y adaptativas cuando integran una amplia diversidad de perfiles, por ejemplo, antropólogos, sociólogos, economistas, o comunicadores que puedan ayudar a entender, desde sus disciplinas las transformaciones y adecuaciones que sean necesarias para ajustar los procesos electorales a los nuevos retos.

Y finalmente la gobernanza electoral. Un organismo electoral debe ser humilde y tener capacidad de diálogo con todos los actores involucrados en la competencia electoral, y esto incluye a la ciudadanía. Esto significa que el diálogo sobre las reglas y las decisiones administrativas debe incluir a las organizaciones políticas, a las autoridades regionales, así como a las organizaciones sociales que trabajan en temas de participación, democracia, promoción de derechos y acceso a la información. Es decir, los organismos electorales deben preocuparse también por impulsar grandes diálogos que convoquen a la sociedad a pensar en la calidad de la democracia, en los temas que fortalecen la cultura política, en retos que impone la inclusión en los debates electorales de los sectores tradicionalmente excluidos.

¿Cuál es su posición acerca de la participación ciudadana canalizada por organizaciones de la sociedad civil como mecanismo de control en pro de la transparencia de los comicios en la región?

Como directora de una organización de la sociedad civil dedicada a la observación electoral y como secretaria general de la Red de Observación e Integridad Electoral de América Latina (Red OIE), una red que reúne a las organizaciones que hacemos observación electoral desde la sociedad civil, es indiscutible que este trabajo es fundamental.

Un ejemplo de esto se ve en la situación actual en Venezuela. Antes, durante y después de las elecciones, se destacaban dentro de las múltiples exigencias a los órganos electorales la transparencia y acceso a la información. Las elecciones en este país dejaron clara la importancia de la observación electoral tanto nacional como internacional.

Es necesario y urgente fortalecer las observaciones electorales nacionales. Es esencial canalizar el conocimiento de universidades, centros de pensamiento y organizaciones sociales que promueven los derechos de las mujeres, los jóvenes y las poblaciones con discapacidad, así como la inclusión efectiva de las comunidades étnicas en los procesos de observación electoral. Esto permitirá dar un dictamen formal y técnico sobre cómo avanza un proceso electoral antes, durante y después de las elecciones.

La formación sobre el consumo de información política electoral es fundamental para conocer las reglas, verificar su cumplimiento y determinar si estas generan un contexto adecuado para elecciones en igualdad de condiciones. Si se excluye a la ciudadanía de los procesos electorales, se terminará con un envase que puede estar bien armado, pero que está vacío de contenido. Los procesos electorales son largos y requieren concertación, información y transparencia.

¿Cuál es su balance desde una perspectiva de derechos humanos acerca de la introducción de cuotas o cupo de género en las normativas electorales en la región para cargos públicos electivos?

La cuota de género para mujeres, que es la única sobre la que me centraré aquí (pues las demás requieren una discusión más amplia), ha demostrado ser necesaria. Una cuota que solo aborde la composición de listas, sin llevar a una representación efectiva, ya no es suficiente. Necesitamos cuotas que aseguren representación efectiva.

En México, el 50% de los cargos de elección popular están ocupados por mujeres, gracias a fuertes medidas de inclusión. Este país, ha liderado con muchísima eficacia la adopción de normas electorales que han derivado en la elección de la primera mujer presidenta en un contexto de paridad en las diferentes ramas del poder.

En contraste, en Colombia tenemos una cuota del 30% en la conformación de listas, pero esta es solo de participación, no de representación efectiva, lo que no soluciona completamente el problema de la subrepresentación. A duras penas hemos alcanzado el 20% en el Congreso y menos en autoridades locales, lo que evidencia la ineficacia de una cuota limitada a la composición de listas.

Si se van a implementar decisiones serias sobre inclusión, estas deben ir más allá del discurso. En Colombia, la inclusión de las mujeres sigue siendo lamentablemente simbólica, sin una seriedad real que responda a la obligación de reconocer el acceso diferenciado de las mujeres a la representación política. Además, este acceso está obstaculizado por barreras históricas que limitan su voz y participación. Es fundamental que tomemos este asunto en serio, lo que debe traducirse en medidas efectivas a través de leyes.

En cuanto a los modelos de financiamiento de campañas electorales y de las actividades institucionales permanentes de los partidos políticos ¿cuál es, según su punto de vista, el más adecuado en vista de fortalecer la institucionalidad democrática en nuestra región?

No existe un modelo único adecuado para todos los países; cada uno debe encontrar un enfoque realista que se ajuste a su situación económica, sus objetivos y los problemas que enfrenta.

Empecemos con Colombia, que presenta características especiales, como la influencia de grupos armados ilegales con pode

r local y su participación en economías ilícitas. El principal desafío aquí es quién financia las campañas políticas. Nos enfrentamos a la pregunta: ¿estás comprando poder o estás financiando la política? En varias regiones de Colombia, el poder se compra a través de recursos ilegales, muchas veces bajo la presión de la violencia. El verdadero desafío en Colombia es contar con una autoridad electoral independiente con una real capacidad de vigilancia y control de la financiación de la política en todo el territorio nacional.

En contraste, tomemos el ejemplo del Brasil de hace un poco menos de una década, donde el problema no radicaba en grupos armados ilegales, sino en grandes corporaciones que inyectan dinero en la política sin mecanismos adecuados de seguimiento y control, lo que también plantea serios retos para la integridad electoral. La situación en Brasil no solo afectó a ese país, sino que tuvo repercusiones en toda América Latina. las reglas de financiamiento deben centrarse en resolver los problemas específicos de cada país, pero sin perder de vista el contexto regional.

En el caso de México, su enfoque se centra en la financiación predominantemente pública, que responde a su problema específico relacionado con el acceso a los medios de comunicación. La decisión que tomó México fue clara: financiar y contratar todo lo relacionado con los medios de comunicación desde el Instituto Nacional Electoral (INE). Esto se debe a que los medios de comunicación jugaban un papel crucial en la configuración de la balanza electoral.

En resumen, es crucial que la autoridad electoral tenga la capacidad de seguimiento y control sobre quién financia las campañas políticas, desde las presidenciales hasta las elecciones más locales. Hemos visto múltiples escándalos en este ámbito, pero las cosas no cambian debido a un diseño institucional que, aunque puede incluir reglas de financiamiento, no otorga a la autoridad electoral las herramientas necesarias para ejercer vigilancia y control efectivamente. Es como si se diera una orden de hacer algo sin establecer mecanismos para verificar su cumplimiento.

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