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Informe MOE: El derecho al acceso a la información durante las Elecciones en Colombia 2022, una mirada desde la observación electoral’

Un proceso electoral es el conjunto de actos y procedimientos previstos constitucional y legalmente para la renovación periódica y pacífica de los poderes públicos de un país.

Es, asimismo, el mecanismo a través del cual la ciudadanía ejerce sus derechos políticos, y a partir de ello, dota de legitimidad a quienes gobernarán y representarán a una sociedad por un periodo determinado.

Por esta razón, a nivel internacional se ha destacado la necesidad de que tanto la ciudadanía como los distintos intervinientes en los procesos electorales puedan conocer, dar seguimiento y ejercer control político a las distintas etapas del proceso electoral, a fin de garantizar su participación efectiva y generar confianza tanto en su desarrollo como en los resultados que derivan del mismo.

Una herramienta indispensable para lograrlo es la transparencia en las acciones estatales y el ejercicio efectivo del derecho al acceso a la información. Pues tal como lo ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), “A través del acceso a la información pública se pueden proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estado […]. El acceso a la información es también una herramienta particularmente útil para el ejercicio informado de otros derechos como los derechos políticos […]”.

Los distintos ordenamientos jurídicos establecen los mecanismos específicos a través de los cuales la ciudadanía puede acceder a la información pública en poder del Estado, ya sea estableciendo obligaciones de transparencia activa (en caso de la información que debe ser divulgada y publicada proactivamente por parte de la organización electoral) o pasiva (tratándose de información a la que se tendrá acceso solo en la medida en que esta es solicitada) a cargo de las distintas autoridades. Sin embargo, las buenas prácticas en materia electoral a nivel internacional tienden cada vez más a que la organización electoral implemente mecanismos de transparencia activa, que favorezcan el acceso sencillo, proactivo y permanente por parte de cualquier persona, sin restricciones innecesarias o injustificadas.

De otra parte, la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas en las distintas etapas de los procesos electorales, mismas que suponen de la ciudadanía y los actores electorales una mayor capacidad técnica para su control y vigilancia, genera un deber adicional a la organización electoral para brindar no solo la información correspondiente, sino garantías de seguridad sobre la misma, del adecuado funcionamiento de los respectivos sistemas, y del resguardo y trazabilidad de la información correspondiente.

Es por ello que, como un aporte a la integridad de las elecciones y al control político sobre las mismas, en diferentes países e iniciativas lideradas desde la sociedad civil se ha avanzado en la incorporación de una política de datos electorales abiertos (respecto de aquella información procesada a partir de las distintas herramientas tecnológicas), lo cual combina tecnología, el desarrollo de infraestructura al interior de las autoridades y acceso oportuno a la información a través de mecanismos que permitan la consulta, descargue, procesamiento y reutilización.

En particular, si bien en Colombia el artículo 6 de Ley 1712 de 2014, define los “datos abiertos” como “todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos”, no existe alguna obligación específica para que los datos electorales sean datos abiertos, por lo que los mecanismos de procesamiento y divulgación de los mismos quedan en gran medida a discreción de la organización electoral.

Derivado de lo anterior, con motivo de las elecciones de Congreso y Presidencia de la República de 2022, la MOE realizó un ejercicio de observación electoral a partir de un enfoque de acceso a la información. Esto debido que, como lo advirtió esta organización, uno de los grandes problemas de las elecciones a realizarse en el 2022 fue la poca publicidad y transparencia de las actuaciones de las autoridades electorales, especialmente de las que están a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante RNEC).

Si bien los procesos electorales contienen otras múltiples etapas a las que se podría dar seguimiento, los componentes que fueron tenidos en cuenta para la realización de este ejercicio de observación, a fin de identificar las garantías de acceso a la información, fueron
los siguientes:

A. Contratación de bienes y servicios electorales. En Colombia, los distintos componentes de los procesos electorales están tercerizados, por lo que la organización electoral subcontrata su ejecución con entes privados. Por esto, la transparencia rendición de cuentas y acceso a la información respecto de las contrataciones implica un ejercicio de control fundamental, pues trasciende al seguimiento de las condiciones bajo las que operan los distintos procedimientos y herramientas tecnológicas que se implementarán a lo largo del proceso electoral, así como una revisión de la adecuada gestión de los recursos públicos estatales destinados para este fin. Algunos de los hallazgos específicos en relación con el acceso a la información en este componente:

B. Inscripción de ciudadanos y conformación del censo electoral. La adecuada integración del censo electoral es una premisa básica para el desarrollo de comicios confiables, pues permite garantizar que todas las personas con derecho al voto podrán ejercerlo, y solo ellas. De igual forma, derivado de que la normatividad electoral colombiana permite a las y los ciudadanos elegir el lugar donde ejercerán su derecho al voto, a través del procedimiento de inscripción de cédulas, el seguimiento y la vigilancia de este permite prevenir prácticas como la trashumancia o el trasteo de votos, y generar alertas respecto de aquellos ámbitos geográficos donde se requiere fortalecer las campañas de cedulación o pedagogía electoral.

C. Postulación y designación de jurados de votación. El proceso para la determinación de quiénes fungirán como jurados de votación también es de enorme relevancia para la generación de confianza en el desarrollo de los procesos electorales, pues aquellos son los encargados no solo de recibir, sino de contar los votos emitidos por las y los ciudadanos. Es por ello que el seguimiento y verificación sobre el cumplimiento de los procedimientos determinados legalmente para su selección resulta fundamental, para evitar la conformación sistemática de mesas de votación que puedan tener un sesgo político a favor o en contra de alguna de las candidaturas o de las opciones políticas en contienda.

D. Financiación de campañas electorales. El sistema de financiación política colombiano ha estado marcado por la opacidad en el origen, monto y destinación de los recursos empleados para el desarrollo de las campañas electorales. De la mano de lo anterior, la preponderancia de la financiación de privada de campañas genera riesgos de cooptación e inequidad en el acceso a recursos. Es por lo que el establecimiento de mecanismos de transparencia y acceso a la información respecto de los ingresos y gastos destinados a la obtención del voto resulta fundamental para el desarrollo de procesos de control ciudadano, principalmente ante la debilidad institucional de dar seguimiento, vigilancia y control efectivo a los mismos, así como al cumplimiento de las restricciones legales que se han establecido.

E. Resultados electorales preliminares: pre-conteo. Si bien los resultados del preconteo son meramente informativos y carecen de un valor jurídico, el control político sobre los sistemas, el funcionamiento y los productos de este procedimiento son esenciales en un proceso democrático, pues constituyen la primera información que la ciudadanía recibe, la noche misma de la jornada electoral, respecto de los resultados electorales, misma que genera paz y tranquilidad pública. Adicionalmente, contienen información consolidada que puede ser contrastada y analizada tanto por la ciudadanía como por los contendientes para la confirmación de la información; incluso, para la presentación de reclamaciones en la etapa de escrutinios.

F. Resultados electorales definitivos: escrutinios. Esta es una de las etapas más relevantes del proceso electoral, puesto que a partir del proceso de escrutinios es que se determinan los resultados electorales definitivos de los comicios, y con ello, quienes resultaron electos para ejercer funciones de gobierno o de representación. Por lo tanto, resulta indispensable contar con la totalidad de la información desagregada, que permita revisar y dar trazabilidad a la conformación de estos.
G. Resultado de las auditorías electorales. Derivado de la creciente incorporación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de los procesos electorales, tanto la realización de las auditorías electorales como la información que deriva de las mismas se torna en un elemento fundamental para garantizar la certeza, trazabilidad y veracidad de los resultados electorales. Ahora bien, para efectos de este análisis, se tuvieron en cuenta algunas de las
características de los principios sobre acceso a la información y datos abiertos incluidos tanto en las normas colombianas, como en la Iniciativa de Datos Electorales del NDI, mismos que se enuncian y explican a continuación.

EL-DERECHO-AL-ACCESO-A-LA-INFORMACION-DURANTE-LAS-ELECCIONES-EN-COLOMBIA-2022_RESUMEN-EJECUTIVO

Consulta la presentación del Informe: El derecho al acceso a la información durante las elecciones en Colombia 2022, una mirada desde la observación electoral

PRESENTACION-ACCESO-A-LA-INFORMACION

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