La Constitución de 1991 generó un cambio en el reconocimiento e interacción de los ciudadanos con el poder político razón por la cual, en términos de democracia, se pasó de un modelo exclusivamente representativo a uno participativo. Este tránsito admite que los ciudadanos más allá de su participación en las elecciones como votantes o candidatos a cargos de elección popular, tienen el derecho a incidir en las decisiones que los afectan a través de mecanismos de participación y controlar el poder político mediante la revocatoria del mandato y acciones públicas para defender la Constitución y la ley (art.140), entre otros mecanismos.

Una de las herramientas creada para la depuración de listas de candidatos con tachas de inhabilidad o incumplimiento de requisitos es la revocatoria de la inscripción de candidatos a cargos de elección popular. Esta figura se institucionalizó con la reforma electoral de 2009 (acto legislativo 01) y posteriormente se reforzó la con ley 1475 de 2011, la cual es de carácter administrativo y puede ser presentada por cualquier ciudadano, así mismo debe ser resuelta por el Consejo Nacional Electoral antes de la elección de los candidatos.

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