- Toda denuncia por riesgos a la vida o integridad de candidaturas presidenciales, debe ser investigada con seriedad, de forma oportuna y exhaustiva.
- El del 2021-2022 ha sido el periodo preelectoral más violento de los últimos 12 años, con 581 agresiones a liderazgos en el país.
- Afectaciones humanitarias como las ocurridas recientemente en Titiribí, Antioquia y Argelia, Cauca, restringen el ejercicio de los derechos políticos de las y los colombianos.
Bogotá, 3 de mayo de 2022. A menos de un mes de la realización de los comicios presidenciales, y en el contexto de una campaña electoral protagonizada por los discursos de odio, la Misión de Observación Electoral -MOE rechaza enfáticamente cualquier tipo de acto violento, amenaza o riesgo a la seguridad de los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República.
En este sentido, la suspensión de actos de campaña en la Región del Eje Cafetero por parte del candidato a la presidencia Gustavo Petro Urrego por amenazas a su seguridad, es un hecho que como cualquier denuncia por posibles afectaciones a la vida o integridad de un candidato, debe ser investigada con seriedad, de forma oportuna y exhaustiva, con el fin de garantizar una campaña electoral libre de violencia.
“Es responsabilidad del Gobierno y las distintas instituciones del Estado garantizar la seguridad de todos los colombianos, así como de quienes ejercen roles de liderazgo político. Por lo que ante un contexto de violencia como el que se vive en el país, no pueden desestimarse las denuncias que se presenten sin una investigación previa”, afirmó Alejandra Barrios, directora de la MOE.
En este sentido, la MOE insta a las autoridades judiciales a investigar cualquier amenaza, agresión o afectación dirigida a candidatos o sus círculos cercanos, y a las autoridades civiles y militares a adoptar medidas que garanticen el ejercicio seguro de los derechos políticos y el adecuado desarrollo de la campaña electoral.
Más aún considerando que de acuerdo con lo reportado por el Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, entre el 13 de marzo de 2021 y el 13 de marzo de 2022, se han identificado 581 agresiones a líderes políticos, sociales y comunales del país; lo que hace de este periodo electoral el más violento en los últimos 3 procesos electorales de Colombia. Destacando que, los liderazgos políticos han sido objeto del 41.6% (242) del total de las agresiones y de la mayoría de los atentados registrados hasta el momento (35); así como de una serie de amenazas colectivas que enuncian dentro de sus razones la filiación política de los mismos.
Para Barrios, “este panorama genera preocupación pues los líderes políticos son los principales participantes en los procesos electorales, y la experiencia desde 2014 evidencia que, en el marco de los mismos, las agresiones contra este tipo de liderazgo tiende a aumentar; situación que nuevamente ocurre en el 2022”.
Dicho contexto se ve agravado por la difícil situación de seguridad que atraviesa el país, donde se han registrado 594 acciones armadas y 389 amedrentamientos por parte de los Grupos Armados Ilegales; así como 166 eventos de desplazamientos forzados y 77 confinamientos que han afectado a más de 127.951 personas en el último año.
Ello redunda en graves afectaciones humanitarias como la denunciada en la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo para Titiribí, Antioquia, por ser escenario de combates permanentes entre Grupos Armados Ilegales. Y el registrado en Argelia, Cauca, donde el pasado 2 de mayo, tuvo lugar un ataque con carro bomba contra la Alcaldía.
Una situación así no se presentaba en fechas tan cercanas a la jornada electoral desde hace más de 10 años, cuando en marzo de 2010 estalló un carro bomba en inmediaciones de la sede de la Fiscalía General y la Alcaldía de Buenaventura.
Finalmente, en la conmemoración de los 20 años de la masacre de Bojayá, Chocó, la MOE se solidariza con las víctimas y la comunidad que allí habita y que aún enfrenta la violencia derivada del conflicto armado. En el periodo electoral de las elecciones nacionales de 2022, Bojayá ha sido el escenario de 5 eventos de confinamiento con más de 6.075 víctimas, un (1) hecho de desplazamiento forzado masivo que afectó a cerca de 3.749 personas y acciones bélicas y amedrentamientos del Clan del Golfo y el ELN.
Esta situación requiere de la presencia integral y urgente del Estado, la adopción de medidas de protección colectiva en favor de la población y sus liderazgos, así como la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de la misma.
Mayor información
Mónica Acosta López, coordinadora de comunicaciones. 312 320 37 79
03.05.2022.FINAL-COMUNICADO-VIOLENCIA.docxPUBLICACIONES RELACIONADAS:
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