Este protocolo de violencia contra las mujeres en la política busca contribuir a la comprensión, sensibilización y respuesta efectiva frente al fenómeno. Contiene recomendaciones para hacer frente al mismo, las cuales están dirigidas principalmente a las autoridades electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), así como a los partidos y movimientos políticos. También se encuentran elementos útiles para la construcción de rutas de atención de organizaciones sociales y comunitarias, juntas de acción comunal, sindicatos, corporaciones públicas y demás instancias donde las mujeres desarrollan sus liderazgos y deben ser sujetos de protección ante hechos de violencia política basada en género.

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