La financiación de origen privado a las campañas electorales es una forma legítima de participar en la democracia y de expresar las preferencias políticas. Estos aportes contribuyen a la competencia electoral activa y saludable, siempre y cuando se enmarquen dentro de patrones éticos de responsabilidad social y política, transparencia y rendición de cuentas.

Los aportes del sector privado, al igual que cualquier tipo de contribución, deben realizarse de acuerdo con lo establecido en la normatividad y con los más altos estándares de transparencia, prevaleciendo la publicación de aportes a campañas. De esta manera, no se afecta la integridad pública y se evitan riesgos de corrupción como los conflictos de intereses y las presiones indebidas a las candidaturas para el direccionamiento de contratos y/o nombramientos en determinados cargos públicos.

Es por esta razón que, de cara a las elecciones de autoridades locales que se realizarán el próximo 29 de octubre de 2023, elaboramos la estrategia pedagógica denominada 10 pasos para la financiación responsable de campañas electorales desde el sector privado. En ella se incluyen los parámetros legales y recomendaciones de buenas prácticas sobre el financiamiento de origen privado para las campañas políticas.

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