- En el primer periodo de la legislatura 2022-2023 se pasó de 22 a 28 partidos políticos, 11 sin representación política en el Senado.
- Las coaliciones, escisiones y fusiones de partidos políticos siguen sin ser reglamentadas.
- De las 26 iniciativas en materia de lucha contra la corrupción y transparencia, 16 no han iniciado el primer debate.
Bogotá, 22 de diciembre de 2022. Finalizado el primer período de la legislatura 2022-2023 (20 de julio – 16 de diciembre 2022), la Misión de Observación Electoral -MOE presenta un balance de la conformación del Congreso de la República y de los 78 proyectos normativos relacionados con los temas político electorales y de transparencia y lucha contra la corrupción, siendo las iniciativas del Gobierno las que marcaron la agenda legislativa.
A la fecha de cierre del periodo legislativo, no solamente ya se había establecido una ‘silla vacía’ para el Partido Liberal, con el caso del Senador Mario Castaño; sino que también se pasó de 22 a 28 partidos políticos con personería jurídica, 11 de ellos sin representación política en el Senado.
Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, destaca como un caso paradigmático el de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que obtuvo 10.604.656 votos en la segunda vuelta de la elección presidencial y recibió su personería jurídica vía el Estatuto de la Oposición. De acuerdo con Barrios, “los dos representantes a la Cámara electos renunciaron al partido; la candidata a la vicepresidencia y actual representante a la Cámara, Marelen Castillo, indicó no ser militante del mismo, y el excandidato a la Presidencia, Rodolfo Hernandez, renunció a su curul en el Senado. Por lo que está pendiente de resolución por parte del CNE si este partido mantiene o no la personería jurídica, y si cuenta o no con representación ante el Congreso.”
En lo concerniente al balance de la agenda legislativa en materia político-electoral, se presentaron un total de 52 iniciativas, de las cuales, solo 17 han tenido algún tipo de avance en su discusión. De estas, la MOE destaca la reforma política presentada por el Gobierno, y las iniciativas relacionadas con la adopción de medidas para combatir la violencia contra la mujer en política.
De otra parte, a pesar de que se presentó nuevamente la propuesta de Código Electoral, su discusión fue aplazada hasta marzo de 2023 dadas las preocupaciones expresadas por diferentes sectores políticos, de la academia y de la sociedad civil.
Frente a la reforma política, la MOE recomendó al Congreso hacer un análisis del impacto en la democracia colombiana de los siguientes 4 temas que formaron parte de la discusión: i) la posibilidad de renunciar al Congreso para ocupar cargos públicos, como el de ministros; ii) la posibilidad de que los partidos políticos con mayor votación puedan hacer coaliciones entre ellos, poniendo en riesgo la subsistencia de partidos minoritarios; iii) la posibilidad de transfuguismo dentro de los 2 meses siguientes a la aprobación de la Reforma Política y, iv) el aplazamiento, para después de las elecciones de 2026, de la implementación de las medidas de democracia interna para la conformación de listas cerradas y bloqueadas, con paridad y alternancia, privilegiando de esta manera la reelección de los actuales congresistas.
En lo concerniente al Código Electoral, la Directora de la MOE sigue insistiendo en la conveniencia de eliminar del proyecto todo lo relativo a los temas de registro civil e identificación de las personas, así como las reformas al sistema de partidos. De igual forma, en la necesidad de que se incorporen al mismo, mecanismos efectivos tanto de acceso a la información, como de control, supervisión y vigilancia en las distintas etapas del proceso electoral.
De igual manera, en el informe la MOE hace un llamado para que se prioricen dentro de la agenda legislativa las iniciativas relativas a la reglamentación de las coaliciones entre las organizaciones políticas, así como todo lo concerniente a su escisión o fusión. Lo anterior, a la luz de lo que se defina en la reforma política y el Código Electoral.
“Frente a la agenda legislativa en materia de lucha contra la corrupción y transparencia, se presentaron un total de 26 iniciativas, de las cuales 16 no han iniciado ni siquiera el primer debate”, señaló Barrios. Sin embargo, solamente fue aprobada, y está pendiente de sanción presidencial, la que otorga facultades extraordinarias al Presidente para modificar la planta de personal de la Contraloría General de la República, misma que fue radicada por el Gobierno.
Respecto de las iniciativas con enfoque anticorrupción, la MOE invita al Congreso a que se prioricen las reformas en las que se incluyan los siguientes 5 temas: (i) la revisión de las modalidades de contratación a fin de evitar el uso de regímenes excepcionales que no solo debilitan el control y vigilancia de la contratación pública, sino que además afectan la libre competencia; (ii) la modificación de las funciones de la Procuraduría para cumplir con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; (iii) la regulación la actividad de cabildeo; (iv) la regulación de la participación en política de servidores públicos y, (v) la creación un marco legal para la protección del denunciante por hechos de corrupción.
Finalmente, la MOE invita al Congreso de la República a seguir prestando especial atención a aquellas iniciativas que garanticen la participación política en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. Para Barrios, “es importante que en 2023 el Congreso apruebe los proyectos de ley que establecen medidas para combatir la violencia contra la mujer en política, máxime ante la posible aprobación de listas cerradas paritarias”.
Mayor información
Laura Espinosa, profesional especializada en comunicaciones MOE. 3228989406
2022.12.22-Comunicado-informe-SEGUIMIENTO-LEGISLATIVO-1PUBLICACIONES RELACIONADAS:
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