En cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución Política de 1991 y bajo el paradigma económico del liberalismo, el Estado colombiano ha establecido la delegación de la prestación de algunos bienes y servicios a personas naturales o jurídicas de carácter privado, a través de contratos públicos. Para lograr la efectividad de la acción estatal, estos contratos se rigen por principios y reglas normativas, que los distintos funcionarios responsables y los particulares deben acatar, para garantizar la transparencia en el proceso de formulación, adjudicación y ejecución de los recursos públicos.
Democracias empeñadas
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