Bogotá D.C., 07 de julio de 2023.  Con el propósito de promover la rendición de cuentas y la  transparencia en la financiación de origen privado de las campañas políticas para las elecciones de autoridades locales de 2023; se crea la “Alianza por la responsabilidad política empresarial” liderada por  Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el Consejo Gremial Nacional, ProBogotá Región, Funcicar, ProCartagena, la Unidad de Acción Vallecaucana, Transparencia por Colombia y la Misión de Observación Electoral. 

El objetivo de la “Alianza por la responsabilidad política empresarial” es que el sector empresarial que decida financiar una o varias campañas electorales, cuente con toda la información y orientación sobre cómo realizar los aportes de manera transparente y conozca los mecanismos para exigir mayor rendición de cuentas a las candidaturas.

De acuerdo con Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia,  “los recursos de origen privado son la principal fuente de financiación para las campañas políticas en Colombia, por lo tanto, se requiere que el sector privado cuente con herramientas como las que brinda esta alianza, para promover la integridad en el financiamiento electoral a través de buenas prácticas de transparencia y el respeto por los límites de aportes definidos por la normativa”.

Y es que en las elecciones de autoridades locales de 2019, según lo reportado en el aplicativo Cuentas Claras del CNE y los datos procesados por Transparencia por Colombia, los aportes privados, tanto donaciones como créditos, de las personas jurídicas a las campañas políticas en contienda, correspondieron al 26,1% ($40.274.148.072) del total de las contribuciones de particulares, en contraste los aportes de las personas naturales fueron el 73,8% ($113.938.203.437). 

Estos datos dan un panorama de lo que se prevee sea aportado por el sector privado para las elecciones de autoridades de este año. De igual manera, Sandra Rodríguez Samacá, directora del Consejo Gremial Nacional indicó que “Desde el sector empresarial destacamos la importancia de que los aportes a las campañas políticas se realicen con responsabilidad social, buscando fomentar la transparencia en el proceso político, la rendición de cuentas del origen, monto y destinación de los recursos y el acceso público a esta información. La transparencia es la base fundamental de la responsabilidad política empresarial” 

Por ejemplo, durante la campaña de 2019, 1.286 empresas de todo el país contribuyeron a las campañas de autoridades locales en las que se eligieron a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, que sumadas a los recursos propios de candidatos y candidatas representaron más del 91,8% de los ingresos para estas campañas.

De acuerdo con Alejandra Barrios, Directora de la Misión de Observación Electoral “la importancia de esta Alianza radica en la preocupación coincidente entre las diferentes organizaciones en torno a la opacidad y dificultad que se presenta en el seguimiento a la financiación de las campañas políticas. Solamente para dar una idea de la gravedad, ninguno de los últimos procesos electorales a las elecciones presidenciales ha estado exenta de investigaciones por parte de la Fiscalía a la financiación de las campañas”.  Para este proceso electoral, las condiciones de transparencia no se han modificado, siguen igual de deficientes que en comicios pasados. A manera de ejemplo, en un informe que elaboró la MOE con corte de 28 de junio de 2023, de 305 GSC a los que se les hizo seguimiento sobre financiación ninguno había informado a CUENTAS CLARAS sobre ingresos. 

Por esta razón, quienes integran la Alianza señalaron que “la capacidad de vigilancia y control sobre los recursos que financian las campañas políticas se fortalece cuando las empresas exigen, apoyan y promueven la transparencia activa de los candidatos y candidatas que van para las elecciones de octubre de este año”. Es de recordar que, al cierre de las campañas para la elección de autoridades locales de 2019, solamente en el período comprendido entre el 27 de julio y el 31 de octubre, un total de 28.253 candidatos, de 116.428 inscritos, habían reportado ingresos y gastos en el aplicativo, lo que equivale al 24.3%. Lo anterior, es un riesgo en el seguimiento y control al origen, monto y destino de los recursos que son utilizados en las campañas electorales. 

Finalmente, con el objetivo de llevar estas herramientas a los diferentes territorios del país,  organizaciones gremiales y de la sociedad civil como la Unidad de  Acción Vallecaucana, ProBogotá, ProPacífico y FUNCICAR realizarán reuniones específicas para dar a conocer estos procedimientos a las empresas aliadas, en sus regiones, y por ello señalaron que: 

“La financiación responsable de campañas hace que el proceso electoral sea más transparente, protege a los empresarios para que los recursos que dona no sean utilizados para otros fines y evita que ingresen dineros ilícitos a las campañas de los candidatos.” Daniel López Sierra, director ejecutivo de la Unidad de Acción Vallecaucana.“La democracia colombiana le otorga el derecho de participar políticamente al sector empresarial desde la financiación de campañas; sin embargo, teniendo en cuenta las capacidades y ventajas de este sector respecto del ciudadano común o incluso de otros sectores que también pueden tener intereses en lo electoral, la normatividad establece una serie de regulaciones que aportan al equilibrio dentro del contexto de la financiación de campañas que es sumamente importante que las empresas conozcan y cumplan.” Carolina Calderón Guillot, directora ejecutiva de FUNCICAR.

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