Bogotá, 16 de febrero de 2024. Sin muchas expectativas frente a la realización de reformas políticas y electorales, se da inicio a las sesiones ordinarias de 2024, que por primera vez, y como resultado de una reforma constitucional, inician un mes antes de lo que históricamente se había establecido, señaló la Misión de Observación Electoral (MOE). 

De acuerdo a esta misma organización, pareciera que este periodo legislativo va a ser igual que el anterior, donde ninguna reforma destinada a resolver problemas de la democracia electoral, el sistema de partidos o el fortalecimiento de la institucionalidad de la organización electoral, fue aprobada. Es más, de acuerdo a la MOE, en la mayoría de los casos, las reformas relacionadas con estos temas fueron archivadas sin surtirse ningún debate.

Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “la agenda que debería abordar el Congreso en reformas tendientes a mejorar la calidad de la democracia electoral es muy clara. En el último ciclo electoral, por ejemplo, se reiteraron las deficiencias, vacíos normativos y ambigüedades de la legislación relacionada con la competencia electoral. Solo a manera de ejemplos, la falta de regulación de la participación política de los funcionarios públicos; la ineficacia en el control de la financiación de las campañas; la ausencia de democracia interna en las organizaciones políticas; las deficiencias en la supervisión de los comicios por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE); los vacíos normativos en el funcionamiento de las coaliciones y los plazos para las revocatorias de inscripciones.”

Asimismo, Barrios recordó que: “si bien nos encontramos con iniciativas que tocan temas como la modificación de requisitos para las candidaturas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y el fortalecimiento de las juntas de acción comunal, estos ni siquiera han iniciado su trámite legislativo».

De otra parte, la MOE hizo un llamado al Congreso de la República para que construya una agenda legislativa concertada que dé respuesta a las necesidades democráticas del país. En tal sentido, indicó que “al menos debería avanzarse en la regulación de la financiación y el desarrollo de las campañas políticas, temas especialmente relevantes en la coyuntura actual, considerando que el modelo existente favorece la opacidad en el uso de recursos por las candidaturas”.

De igual forma, destacó la necesidad de regular las coaliciones, fusiones y escisiones de las organizaciones políticas, ya que las controversias en estos temas han generado incertidumbre tanto para los políticos electos como para sus electores, situación agravada por la existencia de 37 organizaciones políticas.

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