Esta columna se hizo en conjunto con Marlon Pabón Castro.
Colombia necesita aprender a hacer elecciones. Es extraña esta afirmación, sobre todo cuando se hace precisamente sobre uno de los pocos países latinoamericanos que, pese a sus guerras entrecruzadas, no ha dejado de celebrar elecciones.
Para hacer elecciones sin interrupción, las autoridades electorales han privilegiado la contratación de privados para el desarrollo de gran parte de las actividades que implican. Solamente para darnos una idea de los montos, la contratación entre el 2011 y el 2023 de la logística para la organización de tres elecciones a Congreso, tres a Presidencia y cuatro de autoridades locales, tuvo un costo de poco más de 2.070 millones de dólares.
De este valor, aproximadamente 329 millones corresponden a los procesos electorales de Congreso y Presidencia de 2022, mientras que más de 320 millones de dólares se destinaron a las elecciones locales del año pasado.
La pregunta que surge es si esto es muy caro o es lo que vale. ¿Cuesta mucho o poco hacer elecciones en Colombia? No hay forma de saberlo. Al comparar estos costos con los de otros países de la región con características similares, observamos que en la mayoría de los casos, los procesos de logística electoral, de manera particular los más sensibles, son organizados y llevados a cabo por las mismas autoridades electorales.
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