Uno de los puntos importantes de discusión al interior de la Asamblea Nacional Constituyente se dio en torno a la creación de mecanismos eficaces para la protección de los derechos fundamentales, lo cual es una consecuencia de considerar que la Carta Política es una norma jurídica1 .
La Constitución de 1991 en su artículo 86 consagró la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales y su eficacia ha permitido evidenciar situaciones de violación de derechos y hacerles frente, a través de las órdenes impartidas por los jueces. Esta acción es, sin duda, uno de los principales mecanismos que introdujo la Constitución para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas. Gracias a la tutela, muchos individuos y colectivos en situación de vulnerabilidad han logrado que sus derechos sean protegidos a través de órdenes impartidas por un juez de la República. El electoral es uno de los muchos campos en los cuales es posible interponer una acción de tutela con el fin de frenar acciones u omisiones de autoridades públicas –y en ciertos casos de particulares– que vulneren o amenacen los derechos de las personas.
KAS Papers No. 36 La acción de tutela como mecanismo de protección de derechos en los procesos electorales
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