- En comparación con el periodo preelectoral de 2018, para las elecciones legislativas de 2022, las agresiones contra los distintos liderazgos aumentaron en un 109%.
- En el 59% de los municipios donde han ocurrido hechos violentos contra líderes y lideresas hay presencia de al menos un GAI.
- Dentro de los 167 municipios que conforman las CITREP, se concentraron el 35% de todos los hechos violentos contra líderes y lideresas y el 61% de los asesinatos ocurridos durante el periodo preelectoral legislativo del 2022.
Bogotá, 11 de mayo de 2022. El Informe “La violencia contra líderes políticos, sociales y comunales durante el calendario legislativo 2022 (13 de marzo 2021 a 13 de marzo 2022)”, elaborado por la Misión de Observación Electoral -MOE da cuenta de que, con un saldo de 581 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, el período preelectoral de los comicios legislativos 2021-2022 se consolidó como el más violento de los últimos 12 años en Colombia.
Con el proceso electoral de 2019 empezó una tendencia de incremento en la violencia, misma que continuó para las elecciones nacionales de 2022. Así, en comparación con el periodo preelectoral de 2018, para las elecciones legislativas de 2022, las agresiones contra los distintos liderazgos aumentaron en un 109%.
Para Alejandra Barrios, directora de la MOE: “Este incremento de la violencia contra los líderes y lideresas además está enmarcado en un contexto de reconfiguración del conflicto, caracterizado por una consolidación de múltiples grupos armados ilegales (GAI), que han aprovechado el vacío dejado por la extinta guerrilla de las FARC y la incapacidad del Estado de ocupar los territorios”.
En comparación con el periodo 2020-2021, para el periodo preelectoral de 2022, el accionar de los GAI aumentó en un 19%, fundamentalmente en los meses de mayo, septiembre y febrero.
En este último mes tuvo lugar el paro armado del ELN en 12 departamentos del país, que dejó un saldo de al menos 59 acciones violentas, entre ellas: 8 actos terroristas, el bloqueo de 11 vías, la incineración de 10 vehículos, el cierre de 23 terminales de transporte, el asesinato de un líder social y hechos de amedrentamiento.
Un contexto incluso más preocupante se vive actualmente, pues a menos de un mes de las elecciones presidenciales el Clan del Golfo inició otro paro armado que afectó al menos 98 municipios de 11 departamentos del país. Tan sólo entre el 05 y 09 de mayo, se presentaron 121 acciones entre las que se encuentran amedrentamientos, circulación de panfletos amenazantes, bloqueos de vías, incineración de vehículos, hostigamientos a la Fuerza Pública y asesinatos de líderes y ciudadanos en general.
Para Barrios, “resulta fundamental fortalecer la presencia integral de la institucionalidad en dichos territorios de manera que, más allá del despliegue de pie de Fuerza Policial y Militar, se otorguen bienes y servicios públicos que tiendan a mejorar las condiciones de vida y el acceso a justicia de las comunidades, dejando sin espacio a los grupos armados ilegales para efectuar un control violento de estas zonas”.
Así, el proceso preelectoral legislativo de 2022 estuvo marcado por una fuerte confluencia de presencia de actores armados ilegales y violencia contra los distintos liderazgos. Pues en el 59% de los municipios donde han ocurrido hechos violentos contra líderes y lideresas hay presencia de al menos un GAI.
Por lo que hace a la violencia contra los liderazgos, se destaca que siguiendo la misma tendencia observada en los últimos años, los líderes y lideresas sociales fueron los más afectados, al concentrar cerca de la mitad de la totalidad de los hechos registrados (276 de los 581). Además, en comparación con el periodo preelectoral de 2018, se tuvo un incremento de 144% en las agresiones en su contra.
En este punto es posible resaltar la violencia que afrontan los líderes indígenas y afro, que fueron víctimas de 100 de las 276 agresiones dirigidas a líderes sociales, 33 de ellas letales. Este contexto evidencia la necesidad de que el Gobierno Nacional adopte medidas y esquemas de seguridad que respondan a la lógica de protección colectiva y que tomen en consideración las características étnicas y territoriales de sus beneficiarios.
Por su parte, los líderes políticos -principales participantes en los procesos electorales- fueron víctimas de 242 hechos de violencia, 102% más que en el 2018. En el periodo electoral de 2022 se mantuvo la correlación que la MOE ha identificado entre los hitos electorales y la violencia, según la cual las agresiones contra líderes políticos aumentan a final del año, con el inicio de la campaña y la inscripción de candidaturas tanto al Congreso, como a Presidencia. El 21% de los hechos violentos contra este liderazgo fueron letales, lo que representa un aumento de 11% respecto del 2018.
Los funcionarios públicos de elección popular y candidatos al Congreso fueron los más vulnerados al concentrar el 57% del total de agresiones contra los líderes políticos, por lo que garantizar la protección de los y las Congresistas electos, así como de las candidaturas que no fueron elegidas, continúa siendo fundamental.
La MOE también señala el aumento en los hechos de violencia contra las lideresas del país, que pasaron de ser 49 en el 2018 a 149 en el 2022, con el agravante de que la letalidad también incrementó un 110%; superando por mucho el crecimiento general de la violencia letal contra líderes.
Sumado a ello, las lideresas son objeto de una violencia diferencial que incluye agresiones de carácter simbólico, psicológico y económico, que derivan no sólo de su papel como lideresas, sino también de su condición de género. En ese sentido, es fundamental la adopción de estrategias integrales de protección con enfoques diferenciales e interseccionales y de políticas públicas que identifiquen, reconozcan y enfrenten la violencia contra la mujer en política.
Por otra parte, dentro de los 167 municipios que conforman las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – CITREP, se concentraron el 35% de todos los hechos violentos contra líderes y lideresas (204 de 581) y del 61% de los asesinatos (63 de los 103) ocurridos durante el periodo preelectoral legislativo del 2022. Se destaca igualmente que 48 de dichos asesinatos (el 76%) tuvieron lugar en las zonas rurales de estos 167 municipios, donde por primera vez se elegirían 16 nuevos representantes a la Cámara.
“Esta situación es especialmente preocupante, ya que pudo afectar la integración, inclusión y representación política de las poblaciones de estos municipios, justamente en un proceso de apertura democrática con la creación de las curules de paz”, afirmó Alejandra Barrios.
Dentro de los hechos ocurridos en los municipios CITREP se resaltan las 16 agresiones contra 15 candidatos y candidatas a ocupar las curules de paz registradas durante la campaña electoral (13 de diciembre del 2021 al 11 de marzo de 2022).
Finalmente, la Misión de Observación Electoral recuerda a la institucionalidad que la condición de riesgo y vulnerabilidad a la que se enfrentan los líderes y las lideresas del país, incluidos los Congresistas electos, no termina con la realización de las elecciones. Por ello, se hace un llamado a las distintas instituciones del Estado a realizar investigaciones exhaustivas que permitan detener a los responsables de estos hechos de violencia y al Gobierno Nacional a otorgar las garantías necesarias para el desarrollo de una campaña electoral presidencial en condiciones de seguridad, igualdad y libertad.
Mónica Acosta López, coordinadora de comunicaciones. 312 320 37 79
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