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Seguimiento legislativo
Violencia política
Transparencia y garantías son el reto de las autoridades electorales en la recta final: MOE
  • La transparencia y el acceso a la información son condiciones indispensables para un proceso electoral confiable. 
  • El Estado debe garantizar que la violencia no sea un obstáculo para el ejercicio del derecho al voto, en particular, para las curules de paz.

Bogotá, 1 de marzo de 2022. La Misión de Observación Electoral – MOE, presenta el Cuarto  Informe de Observación Electoral, el cual fue entregado a las entidades estatales en el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral celebrada el día de hoy, convocada por el Ministerio del Interior. En el informe se identificaron diversos obstáculos y preocupaciones que pueden afectar la transparencia y el acceso a la información, en particular, en el funcionamiento de las distintas herramientas tecnológicas; la violencia incremental, que se evidencia a 13 días de la jornada electoral, y que afecta tanto el ejercicio del derecho al voto de los habitantes de las zonas rurales de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz -CITREP; como las garantías que se deben brindar para que las candidaturas den a conocer sus propuestas en condiciones de igualdad. 

En cuanto a la transparencia y el acceso a la información, se reiteraron peticiones que ya se habían formulado en informes y comunicaciones anteriores, mismas que requieren ser atendidas en el transcurso de la semana, a fin de generar garantías y certeza a la ciudadanía, en el desarrollo de las etapas más relevantes del proceso electoral. 

En particular, para garantizar, por una parte, la publicidad y consolidación definitiva del censo electoral, ante 300,000 ciudadanos cuya inscripción no quedó en firme. Para la Alejandra Barrios, directora de la MOE: “Es preocupante el que muchas personas tengan una convicción equivocada de que su inscripción está en firme, cuando no es así y esta situación lleve a alteraciones o afectaciones durante la jornada electoral, pues al acudir al puesto en el que se inscribieron, no tendrán la posibilidad de votar”.

Por otra, para garantizar el acceso al software para el sorteo y designación de jurados de votación, pues se trata del mecanismo de selección de quienes recibirán y contarán los votos de la ciudadanía.

Por último, en cuanto a los software de escrutinio, derivado de la propiedad parcial del Estado, y la ausencia de información y garantías suficientes en torno tanto al desarrollo de los mismos, como a la realización de las respectivas auditorías. Por ello, en el Informe se solicitó a la RNEC garantizar el conocimiento público sobre la forma en que se desarrollarán los escrutinios, las medidas de seguridad e integridad de la información que se tienen previstas, y el acceso a todos los documentos electorales que se generen con ocasión del conteo de votos y escrutinios, de tal forma que cualquier persona pueda llevar una trazabilidad de la información relativa a los resultados electorales.

Al respecto, “la transparencia y el acceso a la información son condiciones indispensables para un proceso electoral confiable. Históricamente, la MOE, la prensa y la ciudadanía han contado con mucha mayor información de la que ha sido posible en este proceso electoral”, afirma Barrios.

Por otra parte, a 13 días de las elecciones del Congreso de la República, el país se ha visto inmerso en un contexto de violencia sin precedentes, caracterizado por agresiones contra líderes políticos, sociales y comunales, la presencia y el accionar de diferentes Grupos Armados Ilegales – GAI, desplazamientos masivos y confinamientos, así como el paro armado del ELN que paralizó varias regiones del país.

Ante este contexto, la MOE enfatizó en la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía, en particular, de los habitantes de las zonas rurales de las CITREP, ante posibles decisiones de suspensión o reubicación de puestos de votación.

Para la MOE, la suspensión de algún puesto de votación desvirtuaría la intención del acto legislativo que dio vida a las 16 curules de paz, pues este precisamente buscaba cubrir y brindar institucionalidad a las zonas más afectadas por el conflicto. Asimismo, supondría reconocer que el Estado no fue capaz de garantizar el voto en estos territorios.   

Por su parte, la decisión de reubicar cualquier puesto debe tomarse sólo ante circunstancias graves y excepcionales, y previa aprobación de la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento correspondiente. Para Barrios, “es imprescindible que se cuente con criterios claros para tomar decisiones de esta naturaleza, que afectan directamente el derecho al voto. Por lo que debe establecerse un protocolo para definir bajo qué circunstancias y criterios se recomendaría el cierre o la reubicación de algún puesto de votación, y qué medidas tendría que implementar la Registraduría para minimizar las afectaciones a la ciudadanía.”

En torno a las garantías que se deben brindar para que las candidaturas, particularmente las CITREP, den a conocer sus propuestas en condiciones de igualdad, en el informe se reiteran los llamados y solicitudes que se han formulado, y que incluso fueron retomados en la alerta generada por el CNE, en torno a que tanto el Gobierno Nacional, como otras entidades con competencias electorales, adopten medidas para hacer frente a los obstáculos que las candidaturas enfrentan tanto para acceder a la financiación por concepto de anticipo, como para que la ciudadanía cuente con la información suficiente para ejercer su voto. 

En cuanto a la revocatoria de inscripción de candidaturas, se solicitó claridad de los requisitos inhabilitantes relacionados a la no pertenencia ni participación previa en representación de partidos y movimientos políticos de las personas candidatas a las CITREP, y de no hacerse así, que se generen las garantías para que como consecuencia no se termine afectando la representación política a través de la silla vacía por esta causa.

Para Barrios, “la confianza en las elecciones solo se puede generar si la ciudadanía cuenta con garantías suficientes de que podrán participar en la elección de sus representantes en libertad y con seguridad. Esto solo es posible si las autoridades brindan información suficiente y garantías en todas las etapas del proceso electoral. Hasta hoy, esto no ha sucedido, por eso hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a la organización electoral, para que en los 13 días restantes garanticen elecciones transparentes y seguras”.

Si desea ver el informe completo presentado ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales: 

Mónica Acosta López, coordinadora de comunicaciones. 312 320 37 79

[email protected]

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