La participación y la elección de las mujeres en cargos de representación popular, ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Esto como resultado de la implementación de las acciones afirmativas en la normativa electoral, políticas públicas en el nivel local y nacional y cambios culturales paulatinos en la sociedad. No obstante, de acuerdo con el monitoreo de violencia a liderazgos políticos, sociales y comunales realizado por la Misión de Observación Electoral -MOE, desde el 2018, la violencia contra las mujeres que ejercen roles de liderazgos se ha recrudecido, a la par de los esfuerzos realizados para promover el liderazgo y la participación de las mujeres tanto en la política, como en diversos ámbitos de representación.

El fenómeno de la violencia contra las mujeres en política parte de las resistencias sociales en la transformación de los roles tradicionales de las mujeres. Asimismo, combina elementos de violencia política, esto es, agresiones perpetradas en contra de lideresas políticas, sociales y/o comunales por actores legales o ilegales para limitar, desestimar o silenciar la participación política; y, elementos de violencia basada en género hacia las mujeres, esta hace referencia a agresiones contra este grupo poblacional basada en roles y estereotipos que reproducen imaginarios de cosificación, discriminación y subordinación respecto a los hombres.

Dada la gravedad del impacto de este tipo de violencia en el reconocimiento, ejercicio y goce pleno de derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y en la materialización de los principios democráticos que guían el Estado colombiano, el Congreso de República formuló y aprobó el proyecto de ley 006/2022S – 320/2022C1, ello con una importante participación de parlamentarias de distintas orillas políticas y de organizaciones de la sociedad civil.

Con el objetivo de que los distintos actores electorales: autoridades, organizaciones políticas, personas que ejercen la política y ciudadanía general, conozcan y visibilicen el reconocimiento legal que ha dado la Ley a la Violencia contra la mujer en política (VCMP), junto con las obligaciones y líneas de acción estipuladas, la Misión de Observación Electoral junto con el Instituto Republicano Internacional, han creado este ABC del Proyecto de Ley. Esta pretende ser una herramienta sencilla y práctica al alcance de todas las instituciones ciudadanía.

Así las cosas, en este documento se podrá encontrar información general de su contenido, todo el abordaje conceptual y técnico de la VCMP que se integra en el ordenamiento jurídico (definiciones, tipos y manifestaciones), nuevas obligaciones de las autoridades electorales y partidos políticos, entidades que deben crear rutas de protección y atención de VCMP y otras innovaciones que trae la ley como un enfoque restaurativo en visión de justicia. Finalmente, dado que el proyecto se encuentra en revisión de la Corte Constitucional, se incluye un apartado de las medidas y rutas actualmente vigentes con el fin de guiar y facilitar el acceso a la justicia de las mujeres que participan en política.

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