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Seguimiento legislativo
Violencia política
El reto del próximo Congreso es reformar la Organización Electoral
  • La reforma a la arquitectura de la institucionalidad electoral y la expedición de un nuevo Código Electoral deben ir de la mano
  • La falta de reglamentación de las coaliciones va a terminar generando un caos político. 
  • El actual sistema de financiación de las campañas políticas sigue siendo una barrera de acceso al ejercicio electoral y facilita el ingreso de recursos ilegales a las campañas.

Bogotá, 29 de junio de 2022. El 20 de julio se posesionará el nuevo Congreso de la República elegido el pasado 13 de marzo. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral – MOE, urge que en los próximos cuatro años el legislativo avance en una serie de reformas que permitan fortalecer la democracia colombiana y resolver los problemas evidenciados tanto en las elecciones a Congreso como a Presidencia de la República. 

“Si bien las pasadas elecciones presidenciales se caracterizaron por ser jornadas electorales que se desarrollaron de forma pacífica y con amplia participación, estas junto con la del Congreso, dejaron en evidencia, una vez más, la urgente necesidad de hacer reformas al sistema electoral y político colombiano”, señaló la MOE.  De acuerdo con esta organización, dichas reformas deben fortalecer las capacidades de investigación y sanción de las autoridades electorales, generar mayor certeza y confianza en los resultados y en cada una de las etapas de los comicios, generar mayores garantías de transparencia y equidad en los recursos con los que se financiación las campañas y fortalecer el funcionamiento de las organizaciones políticas. 

De igual manera, la MOE puso de presente la importancia de resolver los problemas de  funcionamiento interno de los partidos, de las coaliciones, de la financiación de las campañas, de los procedimientos electorales y sus auditorías, y por sobre todo, del actual diseño institucional electoral. 

Esta no es una discusión nueva, los temas que proponen ser incluidos en la agenda legislativa han sido ampliamente discutidos por las diferentes organizaciones políticas, comunidad académica y expertos electorales y la MOE en al menos los últimos 12 años. “Sobre las diferentes reformas propuestas se han logrado múltiples consensos entre los distintos sectores políticos del país y se cuenta con propuestas que están listas para ser debatidas y concertadas por las diferentes bancadas” señaló Alejandra Barrios, Directora de la MOE.  

“Los diferentes problemas y crisis de credibilidad que se presentaron en el último proceso electoral pusieron sobre la mesa la necesidad urgente de rediseñar la institucionalidad electoral colombiana. Lo anterior implica reformar a las distintas autoridades electorales incluyendo a aquellas que se encargan de administrar justicia en este tema, de tal forma que de manera colegiada se pueda hacer frente a la organización de los procesos electorales, y a la resolución de problemas que en dicho contexto se presenten”, señaló Barrios. De acuerdo a la MOE, la actual arquitectura de la organización electoral no cumple con estándares de independencia partidista, neutralidad, imparcialidad y especialización que son la base de la credibilidad y confianza de las autoridades electorales. Es necesario mejorar la gobernabilidad de las elecciones a través de una autoridad electoral con capacidad técnica y presencia territorial que le permita ejercer un control oportuno.  

Una vez se reforma la arquitectura de la institucionalidad electoral, es necesario avanzar en la expedición de un Código electoral. Indiscutiblemente los procedimientos electorales dispuestos en el Código actual, no están acompasados a la Constitución Política y muchísimo menos a la inclusión de tecnologías dentro del proceso electoral. Esto conlleva a que la aprobación del Código Electoral sea indispensable, pues es en esta norma en la que se puede garantizar una mayor transparencia, claridad y mecanismos de protección, sobre la inscripción de cédulas, la designación de jurados de votación y por supuesto los resultados electorales. 

Uno de los principales temas que sobresalió en estas elecciones fue el de las auditorías. En la discusión de este Código se deben contemplar mecanismos para que se puedan realizar auditorías independientes y con resultados ampliamente difundidos, así como la posibilidad de que órganos de control, organizaciones políticas y organismos de observación electoral puedan acceder oportunamente a toda la información que se genera en cada uno de los componentes tecnológicos que se ponen en funcionamiento durante las elecciones, para de esta manera generar mayor confianza en la ciudadanía y las candidaturas.

Las coaliciones de las organizaciones políticas no están reglamentadas. Esta falta de certezas puede desencadenar un caos político en las corporaciones públicas que termina afectando el correcto desarrollo de la función legislativa. Desde el 2015 que se aprobaron las coaliciones para el Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, la figura de las coaliciones han ido convirtiéndose progresivamente en una figura cada vez más usada. No obstante, los problemas que han surgido por la ausencia de reglamentación son cada vez más graves, en la medida en que se incrementan las incertidumbres sobre cómo deben operar estas frente al funcionamiento en bancadas, la declaración política (de gobierno, de oposición o independientes), la financiación y la responsabilidad política.

La financiación de las campañas políticas sigue siendo una barrera de acceso al ejercicio electoral. Pese a que la financiación estatal anticipada para las candidaturas es una posibilidad legalmente establecida, los obstáculos que se han generado para acceder a estos recursos son inmensos. Problema que fue evidente en las elecciones de Congreso, particularmente en las CITREP y hasta en las campañas presidenciales. Adicionalmente se sigue sin poder hacerse un seguimiento real a los recursos utilizados en campaña, facilitando el ingreso de recursos ilegales a las mismas. 

Entre otros asuntos deben resaltarse temas cuya urgencia de reglamentación es evidente, tales como: la participación en política de funcionarios públicos; la conformación de las listas para Congreso de la República, si estas deben ser abiertas o cerradas y finalmente,  la capacidad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación sobre los funcionarios elegidos popularmente, esto último conforme a lo ordenado por la CorteIDH. 

“Si bien, es una gran cantidad de temas sobre los que es necesario hacer ajustes, reformas o desarrollos legislativos, es necesario que el nuevo Congreso y el Ejecutivo entrante prioricen la agenda legislativa. La experiencia nos ha enseñado que abarcar todos estos temas en una o dos reformas integrales es garantía de que nada pueda ser reformado” enfatizó Barrios. 

Mayor información

Mónica Acosta López, coordinadora de comunicaciones. 312 320 37 79

Comunicado-Reformas

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