• La Corte Constitucional revisa proyectos legislativos que permiten avanzar en la participación paritaria y libre de violencia de las mujeres. 
• Mientras que las cifras de participación de las mujeres en la Rama Ejecutiva superan el 40%, en la Legislativa, no llegan siquiera al 30%.
• La adecuada implementación y aplicación de las medidas aprobadas requieren de un compromiso real de todas las Ramas y Órganos del Poder Público, de las organizaciones políticas y de la ciudadanía en general.

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Bogotá, 08 de marzo de 2024.  En el marco de la conmemoración del Día internacional de la mujer, la Misión de Observación Electoral – MOE pone de presente que el momento actual constituye una oportunidad única para la participación política de la mujer. Luego de su aprobación por el Congreso de la República, la Corte Constitucional se encuentra revisando iniciativas que avanzan en la garantía de sus derechos tales como el Código Electoral, la participación paritaria de la mujer en el Estado y medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en política. De manera paralela, se están debatiendo proyectos de ley relacionados con la licencia de maternidad para mujeres en política, la violencia digital de género y el Estatuto de la mujer y la niña.

Estas medidas legislativas cobran relevancia al revisar el estado actual de la participación de la mujer en el Poder Público. En la Rama Ejecutiva, además de la Vicepresidencia de la República, 8 de 19 ministerios (42,1%), 2 de 6 departamentos administrativos (33,33%) y 3 de 10 superintendencias (30%) están lideradas por una mujer. Según datos del Departamento Administrativo de la República, en 2023 las mujeres ocupaban el 40.95% de los cargos de mayor jerarquía administrativa en las entidades del Ejecutivo y el 49.15% de los cargos en otros niveles decisorios (cargos de dirección e implementación de políticas y acciones estatales).

Respecto a la Rama Judicial, el 47% de la Corte Suprema (11 de 23), el 44% de la Corte Constitucional (4 de 9), y el 23,07% del Consejo de Estado (6 de 26) son mujeres. Asimismo, desde su creación hasta el día de hoy, ninguna mujer ha sido elegida para dirigir la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General de la Nación. Sólo una mujer ha sido Contralora General de la República y en los últimos veinticinco años sólo una mujer ha sido elegida Procuradora General de la Nación o Registradora Nacional del Estado Civil.

Por otro lado, hacen parte del Congreso de la República 87 mujeres, 54 representantes a la Cámara y 33 senadoras, lo que equivale al 29,59% del Legislativo (87 de 294). En el escenario regional y local 6 mujeres son gobernadoras (18,7% de las gobernaciones) y 146 mujeres son alcaldesas (13,2% de las alcaldías). En corporaciones públicas territoriales, el 20,33% de las diputaciones del país (85 de 418) son ocupadas por mujeres y el 19,72% de las personas electas para concejos municipales y distritales son mujeres (2.371 de 12.023).

En este contexto, para la MOE, los proyectos de ley que se han aprobado y que se espera próximamente sean sancionados, tienen la capacidad de contribuir a la eliminación de las barreras que enfrentan las mujeres y promover condiciones para una participación política paritaria y libre de violencias. Como las cifras presentadas lo indican, la aprobación de medidas como la Ley 581 de 2000 o “Ley de cuotas”, que cumple casi veinticinco años de su expedición, pueden resultar insuficientes para garantizar los derechos de la mujer. Por lo anterior, es necesario que para su implementación y aplicación exista un compromiso real de todas las Ramas y Órganos del Poder Público, de las organizaciones políticas y de la ciudadanía en general, para que estas medidas puedan cumplir con el propósito para el cual fueron aprobadas.

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